La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la absurda farsa que el gobierno de Chile pretende montar ante la Corte Penal Internacional, basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad, siguiendo la línea política contra Venezuela del difunto Sebastián Piñera, al mejor estilo pinochetista de creación de operaciones de falsa bandera.
Pretender llevar un caso aislado, alimentado de patrañas, a la CPI no solo es jurídicamente insostenible, sino que revela una supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional y el Estatuto de Roma. La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros, ni un escenario para montajes mediáticos. Es evidente que las autoridades chilenas no tienen la menor idea de cómo operan estos mecanismos, o peor aún, que simplemente están dispuestas a deformarlos para alinearse con intereses ajenos a la justicia.
Esta posición no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer agendas que les ordenan desde los EEUU que buscan erosionar la soberanía de los Estados. Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social.
Venezuela es un país que puede dar lecciones sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. No aceptaremos ataques de quienes han hecho de la violencia institucional una práctica cotidiana y ahora intentan desviar la atención de sus propias miserias con burdas maniobras políticas.
Caracas, 28 de marzo de 2025
